Miami, FL, jueves 24 de julio de 2026.
La ordenanza fue aprobada por tres votos contra dos y comenzará a regir en diez días si la alcaldesa no la veta. La decisión reavivó el debate sobre cómo debe responder la ciudad ante la falta de vivienda
La Comisión Municipal de Miami aprobó una ordenanza que permitirá a la policía arrestar a personas que duerman o acampen en espacios públicos después de una advertencia verbal. La medida entrará en vigor en diez días si la alcaldesa no la veta y reavivó el debate sobre si la ciudad está abordando la falta de vivienda como un problema de orden público, en lugar de atender sus causas vinculadas al acceso a la vivienda y la asistencia social.
El cambio fue aprobado por tres a dos y elimina dos requisitos que regían hasta ahora en la ciudad: la advertencia por escrito y el plazo de 24 horas para retirar las pertenencias antes de una detención. La nueva regla también suprime la posibilidad de que los agentes emitan una multa.
La ordenanza fue impulsada por el comisionado Rolando Escalona, cuyo distrito incluye sectores de Little Havana y Brickell. Escalona sostuvo que su propuesta busca vincular a las personas sin hogar con recursos disponibles y, al mismo tiempo, mantener la comunidad segura y limpia.
La versión final exige que la policía emita una advertencia verbal y conceda un tiempo razonable para abandonar el lugar y recoger las pertenencias antes de actuar. Ese margen no quedó definido con precisión en el texto.
El abogado de la ciudad, George Wysong, dijo que el criterio dependerá de la cantidad de objetos que tenga cada persona. “Es difícil definir la palabra ‘razonable’, como bien saben”, afirmó.
La ordenanza define como campamento a cualquier persona que duerma en propiedad pública dentro de una tienda, debajo de cartón o una manta, o que acumule más pertenencias de las que caben en una caja. La decisión de la ciudad acompaña una ley estatal que entró en vigor el año pasado y prohíbe dormir en público.
La policía no podrá realizar arrestos si no hay camas disponibles en albergues en ese momento. Para proceder, el agente deberá verificar que existe una plaza, ofrecérsela a la persona y constatar que fue rechazada.
Ese punto es central porque la capacidad de albergue es limitada. Según el centro de asistencia Homeless Trust, pronto abrirá un refugio de emergencia de 80 camas en el vecindario de Gladeview, pero más de 605 personas dormían en las calles de Miami en un último conteo realizado en enero.
Una encuesta reciente de investigadores de la Universidad de Miami, reproducida por The Miami Herald, indicó que el 28% de las personas que duermen en la vía pública probablemente rechazaría una cama en un albergue porque considera que esos espacios son inseguros o demasiado restrictivos.
Las críticas y la división en la comisión
La aprobación expuso una fractura política dentro de la comisión. A favor votaron Escalona y los comisionados Miguel Ángel Gabela y Ralph Rosado. En contra, la comisionada Christine King y el comisionado Damian Pardo, quien definió el asunto como “una pendiente resbaladiza con la que no me siento cómodo”.
King cuestionó durante el debate cómo debía interpretarse el “tiempo razonable”, una de las zonas grises que, a juicio de los detractores, puede ampliar la discrecionalidad policial. Una versión anterior del proyecto había sido todavía más dura: no exigía ninguna advertencia, ni verbal ni de otro tipo, ni tiempo para recoger pertenencias.
El jefe de policía Edwin Lopez, entre los defensores de la medida, había dicho en una reunión previa de la comisión que este año solo dos personas habían sido arrestadas por dormir en la calle. Escalona, por su parte, intentó bajar el tono de las críticas y aseguró: “No vamos a llevara nadie a la cárcel”.
Los defensores de las personas sin hogar no comparten esa lectura. David Peery, director de la Coalición de Miami para el Avance de la Equidad Racial, dijo que la norma “acelerará e intensificará los arrestos”. Para Peery, ese resultado no es secundario, sino el objetivo mismo de la ordenanza.
Durante las intervenciones públicas previas a la votación, varios residentes rechazaron la medida. Una persona dijo a CBS Miami: “La ordenanza no hace nada para resolver la situación real de la persona sin hogar, sino que en realidad la agrava”.
Otra voz sostuvo a la cadena televisiva que permitir que alguien viva en la calle “no es el estándar de atención que merece”.
Entre quienes tienen una mirada más ambivalente apareció Michael Nezeza, un corredor del centro de la ciudad que dijo ver campamentos con frecuencia bajo puentes y en bancos cercanos a edificios gubernamentales: “Creo que empeoró progresivamente. Ciudades como Nueva York y Los Ángeles, en Estados Unidos, son conocidas por tener mucha gente sin hogar, así que creo que Miami está tratando de alejarse de eso”.
El costo de encarcelar supera al de la vivienda de apoyo permanente
Peery argumentó que la medida también es ineficiente en términos presupuestarios. El presupuesto anual del Departamento Correccional de Miami-Dade equivale a USD 304 por recluso al día, o USD 111.284 al año, para una población diaria objetivo de 4.700 personas detenidas.
En contraste, alojar a una persona en vivienda de apoyo permanente cuesta cerca de USD 80 por día, según estimaciones de Homeless Trust citadas por The Miami Herald. El director de la coalición remarcó que la falta de vivienda no es un problema criminal, sino de vivienda y accesibilidad.
También advirtió que las personas de 65 años o más son el grupo demográfico sin hogar de crecimiento más rápido en Miami y que muchas tienen problemas de salud. A su juicio, un antecedente penal dificulta después conseguir empleo y alquilar un departamento, dos condiciones necesarias para salir de la calle.
La amenaza de arresto tampoco convence a quienes pasaron por esa situación. Latoya, una residente que declinó dar su apellido, dijo al medio televisivo que esa presión no la habría ayudado cuando no tenía vivienda. “Me alegra no haber sido arrestada por alguien que ni siquiera conoce mi situación”, afirmó. “No es justo. Ni siquiera me conoces, pero ya estás listo para meterme en la cárcel en lugar de ayudarme”.
La ordenanza quedó ahora en manos de la alcaldesa Eileen Higgins, que puede firmarla o vetarla. Si no la firma dentro de diez días, entrará en vigor automáticamente.
Fuente: Osvaldo Ortiz, infobae
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