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AP, estableció hoy, que el ex candidato presidencial opositor, Henrique Capriles, anunció el lunes que en los primeros días de mayo espera presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia la solicitud de impugnación de los resultados de las elecciones del 14 de abril que le dieron la victoria al oficialista Nicolás Maduro.
Capriles, gobernador del estado central de Miranda, dijo a la prensa que “cualquiera de estos días antes del 6 de mayo” espera consignar ante el máximo tribunal el recurso de impugnación de los pasados comicios presidenciales, aunque admitió que tiene pocas esperanzas de lograr una decisión favorable en el Tribunal Supremo cuyos miembros son señalados de simpatizar con el gobierno.
“No tengo ninguna duda que esto va a terminar en instancias internacionales y más temprano que tarde nuestro país tendrá una nueva elección. Tengan los venezolanos, nuestro pueblo, confianza, fe, que la mentira por más que traten de sostenerla, la mentira siempre es muy frágil, la mentira siempre terminará cediendo a la verdad”, indicó el dirigente durante un acto en Miranda.
El plazo máximo para presentar el recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo es de 15 días laborables siguientes a la elección.
Capriles cuestionó el anuncio que realizó el pasado fin de semana la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, sobre el proceso de auditoría ampliada de los comicios que realizará el organismo y dijo que el mensaje que ofreció en cadena de radio y televisión la funcionaria fue una “cadena infame” y que la auditoría acordada será una “farsa” porque no incluirá los cuadernos de votación.
“Lucena el problema que ella tiene es que la orden que recibió de su partido político es que no se puede hacer la auditoría por eso no quieren hacer auditoría. La auditoría que pretenden hacer es una farsa”, acotó.
El dirigente sostuvo que la directiva del Consejo Nacional Electoral “no solamente le mintió a los venezolanos, se burló de los venezolanos, sino además se burló de todos los presidentes que en reunión extraordinaria fueron a Lima, a la reunión extraordinaria de Unasur. Esa reunión en la cual se cambió el documento era más bien celebrando la decisión de las autoridades electorales de nuestro país de que se celebrara la auditoría pues terminó siendo un engaño”.
Maduro rechazó el lunes los cuestionamientos contra Lucena y exigió “respecto absoluto” para la funcionaria, que es señalada de simpatizar con el oficialismo. Maduro dijo a la televisora estatal, durante una visita al estado occidental del Zulia, que Lucena es una mujer “honesta” y “calificada” para ocupar la presidencia del organismo electoral.
El mandatario informó que tras revisar las actas de votación el oficialismo detectó que “900.000 chavistas no fueron a votar” y se quejó de que esos seguidores del gobierno no sufragaran porque creían que los oficialistas estaban “sobrados” para ganar los comicios.
Capriles anunció la semana pasada que la oposición no participaría en la auditoría ante la negativa de las autoridades electorales de auditar las papeletas, las actas y los cuadernos de votación. La oposición se ha negado a reconocer la victoria de Maduro alegando que en los pasados comicios presidenciales se cometieron una serie de irregularidades.
Tanto la auditoría como el proceso de impugnación son vistos por analistas como las salidas para solventar la crisis política que se desató luego de las elecciones en las que Maduro logró 7,5 millones de votos, superando por un estrecho margen de unos 200.000 sufragios a Capriles.
El gobernador de Miranda también cuestionó la detención el 27 de abril del general retirado Antonio Rivero, dirigente del partido opositor Voluntad Popular. Rivero fue apresado por su presunta vinculación con las protestas callejeras que se registraron en Caracas y otras ciudades del país luego de las elecciones.
“Este gobiernito quiere tratar de que los venezolanos sientan miedo. Utilizan en este caso al general Antonio Rivero sobre la base de nada. Eso es el fascismo, la persecución, tratar de poner gente presa “, sostuvo Capriles.
Agregó que el gobierno se ha negado en los últimos días a entregar los recursos presupuestarios a la gobernación de Miranda por razones políticas y exigió a Maduro rectificar la medida ya que de lo contrario llevará la denuncia a instancias internacionales. El dirigente consideró esa acción como un delito “contra los derechos humanos” porque afecta a 37.000 empleados de la gobernación de Miranda.
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