Algunos agentes del FBI no solicitan una orden judicial para espiar correos electrónicos de los ciudadanos estadounidenses a pesar de una normativa que obliga a hacerlo, asegura la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La ACLU sostiene que agentes del FBI y otros organismos del país aprovechan un vacío legal en la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas (ECPA) para leer correos electrónicos personales sin una orden judicial.
Esta laguna jurídica permite que las agencias del Gobierno de EE.UU. espíen fácilmente correos electrónicos privados que tienen más de 180 días.
«Si el contenido de un mensaje sin abrir se guarda durante más de seis meses, o se almacena en nombre del cliente después de que este haya sido recibido o abierto, debe aplicarse la misma regla que con los archivos de una empresa en manos de un tercero, como por ejemplo un contable o abogado», señala la organización, citando un manual del FBI.
Según el abogado Nathan Freed Wessler, miembro de la ACLU, estos datos muestran que «la política federal relativa al acceso a los contenidos de nuestras comunicaciones electrónicas se encuentra en un estado de caos».
«El FBI, la Oficina Ejecutiva de Fiscales de EE.UU. y la División Penal del Departamento de Justicia deben aclarar si creen que las órdenes judiciales son o no necesarias en todos los ámbitos para acceder al correo electrónico», asevera la organización en su página web.
Además, la ACLU asegura que también el Servicio de Rentas Internas aprovechó ese vacío legal para leer emails de ciudadanos del país.
El FBI ya dio a conocer hace unos meses que su mayor prioridad para 2013 era poder vigilar en tiempo real las comunicaciones en la Red, tales como las de Gmail, Google Voice, los servicios de almacenamiento de archivos multiplataforma en la nube tipo Dropbox y los juegos en línea que incorporen la función de ‘chat’. «Estos canales de comunicación se usan para conversaciones criminales», afirmó hace unos meses el jefe del Departamento Jurídico del FBI, Andrew Weissmann.
Además, desde hace un año, este organismo pide una normativa legislativa que obligue a los proveedores de Internet a instalar en sus plataformas ‘puertas traseras’ en forma de codificación adicional para facilitar la intercepción y vigilancia por parte del Gobierno.
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