La fórmula aplicada por el presidente Javier Milei parece ser la correcta, pero Argentina debe lidiar todavía con uno de sus más grandes enemigos: la incertidumbre.
Por Lautaro Bonino
El futuro de la Argentina es siempre incierto. El mismo país que estuvo entre los más ricos del mundo a principios del siglo pasado hoy se encuentra en una crisis total. La tasa de inflación interanual alcanzó el 254,2%, la más alta del mundo, y en diciembre la intermensual llegó al 25,5%. La última medición de la Universidad Católica Argentina registró un nivel de pobreza de 44,7%, y si dividimos la producción agregada por el crecimiento de la población, tendremos como resultado un PBI per cápita que no crece desde finales de 2011.
En este contexto, un nuevo gobierno asumió la conducción del país. El presidente Javier Milei llegó al poder con un nuevo partido llamado La Libertad Avanza, fundado hace menos de tres años, comprometido a estabilizar la macroeconomía con un plan de ajuste ortodoxo. El mandatario se define como liberal libertario, y sus propuestas principales prometen liberalizar la economía, cerrar el Banco Central, eliminar regulaciones e impuestos y abrirse al comercio.
Su primera medida en la casa rosada fue una devaluación del 50% del peso argentino. Previo a su asunción, el Banco Central solo vendía dólares a un valor de 400 pesos por dólar, mientras el precio en el mercado paralelo superaba los 1000 pesos. Esto es posible porque Argentina tiene un mercado de cambios restringido por un cepo, y esa distancia, conocida como brecha cambiaria, produce grandes distorsiones en la economía del país. El precio ficticio al que el Banco Central vendía los dólares provocaba un aumento de la demanda de esos dólares baratos, por lo que las reservas se vaciaban y las restricciones aumentaban cada vez más.
Los importadores no podían acceder a los dólares necesarios, y la escasez de divisas hacia que el Estado designara de forma arbitraria quién podía importar y quién no. La falta de mercancías internacionales sumió a la organización económica en el caos. Debido a esto, Milei devaluó el peso argentino de 400 a 800 pesos por dólar, mientras anunciaba su plan de estabilización. Lo hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia, conocido en Argentina como DNU, y un proyecto de ley llamado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, nombrado ley ómnibus por la cantidad de artículos.
El decreto comenzó a regir el 29 de diciembre, ocho días después de ser publicado en el Boletín oficial. El documento consta de 366 artículos y busca desregular gran parte de la economía del país. Se declaró “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y se introdujeron cambios en las leyes de alquileres, tierras y abastecimientos, tarjetas de crédito, recetas médicas, el mercado laboral y las empresas públicas.
Dificultades
La central sindical más importante del país, llamada Confederación General del Trabajo, realizó el 24 de enero un paro general en contra de las medidas del gobierno. El principal partido opositor, la izquierda y organizaciones sociales también participaron. La medida marcó un récord en la historia de la democracia argentina, ya que se realizó a poco más de 40 días de la asunción del nuevo presidente. El dato cobra más relevancia cuando se advierte que durante el gobierno anterior no se concretó ningún paro similar.
Esto se explica por la historia de la política argentina y sus beneficiarios. El Estado argentino tiene hace muchos años una gran influencia en el sector gremial. Con una legislación laboral muy restrictiva y dirigida de forma central, los sindicatos son uno de los sectores más beneficiados. En un país donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, sólo el 10% más rico cobra más de 400 dólares mensuales, los líderes sindicales amasan fortunas y acumulan décadas en el poder.
Dos meses después del paro, el Senado, de mayoría peronista, rechazó el DNU enviado por Milei. Aunque todavía sigue vigente porque, según la ley 26122, debe ser resistido por las dos cámaras del poder legislativo para anular sus efectos. Días antes, el presidente había dado marcha atrás con la ley Bases luego de que sus principales artículos fueran rechazados por una mayoría de legisladores. El documento contaba con reformas impositivas, penales, energéticas y hasta electorales.
El dólar
Desde su llegada al poder, la principal preocupación del presidente son los dólares. El gobierno anterior dejó al Banco Central con 11 mil millones de dólares de reservas netas negativas. Según destacó el estudio Outlier, en los últimos 4 años, el gobierno del expresidente Alberto Fernández sufrió una caída de 23 mil millones de dólares de reservas. Como si fuera poco, la deuda remunerada del Banco Central sobrepasó en noviembre del año anterior los 23 billones de pesos, equivalentes al 12% del PBI. El pasivo se multiplicó por 21 durante el mandato de Fernández; cuando asumió, era de 1,1 billones.
Estos números, sumados a la enorme inflación, hicieron que Milei decidiera todavía no levantar el cepo cambiario. El presidente teme que la enorme bolsa de pesos contenida como deuda se vuelque al dólar si la restricción se elimina y provoque una corrida cambiaria. Por eso, la herramienta principal de su plan económico es un ancla fiscal que frene la futura emisión monetaria y restablezca la confianza de los inversores. “No hay plata” fue la frase cabecera de su discurso de asunción.
El Banco Central busca hacerse de dólares para mejorar su balance. Desde que Milei asumió, la entidad monetaria anotó en el mercado de cambios un saldo comprador total de 11.376 millones de dólares. Esto impulsó a la vez el crecimiento de las reservas internacionales, que avanzaron desde los 21.208 millones de dólares del 7 de diciembre a los 27.146 millones de dólares actuales.
Milei aseguró en una entrevista en The Wall Street Journal que “si limpiamos los pasivos remunerados del Banco Central, podemos dolarizar por muy poco dinero”.
La deuda con el FMI
Otro de los temas centrales es la deuda con el FMI. En 2018, Argentina firmó el programa Stand By Agreement bajo la administración de Mauricio Macri por 44 mil millones de dólares. En 2022 fue renegociado por Alberto Fernández para cubrir los vencimientos con nuevos desembolsos mediante un crédito de Facilidades Extendidas a 10 años.
Los intereses y vencimientos se suman a la ya complicada situación para Milei. Según Reuters, el FMI le otorgaría más tiempo al presidente para aplicar reformas y conseguir fondos. Además, el Directorio Ejecutivo del Fondo aprobó el miércoles 31 de enero un nuevo desembolso de 4700 millones de dólares. Una parte se utilizó para pagar vencimientos por 950 millones de dólares y el resto para fortalecer las reservas.
El organismo también cambió sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2024. El nuevo informe estimó que la economía sufrirá una recesión del 2,8% debido al plan de ajuste, aunque pronostican un rebote con un 5% de crecimiento para el año próximo. La inflación bajaría la segunda mitad del 2024 y cerraría el año cerca de un 150% anual. “El ajuste es absolutamente necesario”, señalaron.
Actualidad e incertidumbre
El primero de marzo Milei encabezó la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa en el Congreso Nacional. En su discurso, el presidente hizo énfasis en la situación económica que recibió y convocó a toda la clase política a firmar un pacto para reconstruir las bases del país. Enumeró diez puntos, dentro de los que se destacan la reducción del gasto público al 25% del PIB, una reforma laboral, tributaria y del sistema previsional y la apertura al comercio internacional.
Días después se conoció que el gobierno nacional logró un superávit en las cuentas públicas por segundo mes consecutivo, tras doce años de resultados en rojo. Sin embargo, las noticias negativas siguen apareciendo.
El Banco Central todavía mantiene muchos compromisos, entre ellos deudas que surgieron porque en la segunda presidencia de Cristina Fernández se mintió sobre el crecimiento del PIB y se expropió ilegalmente la empresa YPF a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi. La justicia de Nueva York estableció una penalización de 16000 millones de dólares.
Además, la relación con la oposición y muchos de los gobernadores continúa deteriorada. El fracaso de la ley Bases y el rechazo del DNU por parte del senado no le permiten al ejecutivo avanzar con su agenda reformista. Luego de Semana Santa, el gobierno insistirá con una segunda ley Ómnibus más acotada, pero nada le garantiza a Milei el apoyo necesario para su aprobación.
Conclusión
Argentina parece querer cambiar el rumbo de sus últimos años. Un nuevo gobierno llegó para probar recetas opuestas a las de sus predecesores. Mercados libres, dolarización, y ajuste fiscal eran malas palabras hace no mucho tiempo. El presidente llegó a afirmar: “si me dan 35 años, podemos ser como EEUU”. De momento, la fragilidad de la economía lo obliga a poner el foco en una salida de la crisis; el largo plazo sigue siendo un misterio.
La fórmula parece ser la correcta, pero Argentina debe lidiar todavía con uno de sus más grandes enemigos: la incertidumbre. De nada sirve tener un gobierno liberal si el siguiente volverá atrás con un nuevo programa populista. Las inversiones y la estabilidad solo llegarán cuando el país mantenga un buen rumbo durante años. Bajos impuestos, seguridad jurídica, y pocas regulaciones demostraron ser la clave para que los países ricos lograran su desarrollo. Argentina tiene que demostrar que puede seguir ese camino; solo el futuro dirá si es posible.
Foto: Senado de la Nación Argentina.
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