La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió a trámite, por primera vez, investigar el caso de las prótesis mamarias PIP por apreciar un delito contra la salud pública, según informó la Asociación Nacional de Afectadas (ANAP).
Estos implantes fueron retirados del mercado después de que las autoridades francesas detectaran que estaban fabricados con un gel de silicona diferente del exigido y tras existir sospechas sobre su vinculación con algunos casos de cáncer de mama.
Admisión a trámite de la querella
Hasta el momento, la Audiencia había desestimado las querellas interpuestas por otras afectadas, por no haber sido acreditada por estas la relevancia penal de los hechos, así como la competencia objetiva de este órgano jurisdiccional. Con la admisión a trámite de la querella, se inicia un procedimiento judicial tendente al esclarecimiento y depuración de responsabilidades, en uno de «los mayores fraudes sanitarios cometidos en la historia reciente de España, vinculado a las prótesis mamarias», según ANAP, que representa los intereses de centenares de mujeres residentes en diferentes comunidades. El caso ya se ha judicializado en Francia, donde el pasado mes de abril comenzó un proceso para esclarecer las más de 5.000 denuncias interpuestas por las mujeres afectadas contra la compañía que fabricó las prótesis defectuosas.
«Vergüenza sanitaria»
Hace más de un año, una joven valenciana Eva Giménez, que ha pasado por varias operaciones después de que se le rompiera un implante mamario de esta marca, impulsó la citada asociación de ámbito nacional para hacerse oír y pedir responsabilidades por lo que califica de «vergüenza sanitaria».
EFE
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