Miami, FL, jueves 17 de septiembre de 2026.
La Comisión de Miami-Dade somete este jueves a votación definitiva un presupuesto de aproximadamente $14.300 millones para el año fiscal 2026-2027, una cifra récord que, pese a su crecimiento, incluye controvertidos recortes.
La segunda audiencia comenzará a las 5:01 p. m. en el Stephen P. Clark Government Center. Los comisionados escucharán comentarios ciudadanos antes de introducir enmiendas y decidir sobre el plan presentado por la alcaldesa Daniella Levine Cava.
El proyecto suma $14.260 millones, un aumento de 7,8% frente a los $13.200 millones del presupuesto adoptado para 2025-2026. La diferencia se explica en parte por un crecimiento de 12,5% en el programa de capital, destinado a infraestructura, edificios y grandes proyectos. El gasto operativo neto aumentaría 5,2%, hasta unos $9.000 millones.
La expansión resulta más pronunciada al observar años anteriores: el Condado manejó cerca de $12.700 millones en 2024-2025 y $11.700 millones en 2023-2024. El nuevo plan representa, por tanto, unos $2.560 millones más que el aprobado tres años atrás.
Más presupuesto, menos autobuses
Aunque el presupuesto total del Condado aumentaría, ese crecimiento no significa que todas las áreas recibirán más recursos disponibles.
Una parte importante del incremento corresponde a proyectos de infraestructura y fondos que no pueden utilizarse para cubrir los gastos cotidianos del transporte. Metrobus, por su parte, enfrenta costos operativos superiores a sus ingresos y un déficit que se repite cada año.
Para reducir ese desfase, la propuesta contempla eliminar por completo 12 recorridos considerados de baja utilización.
Seis son operados directamente por empleados y vehículos de Miami-Dade —las rutas 132, 203, 204, 279, 288 y 338—, mientras las seis restantes —16, 25, 42, 57, 70 y 272— están a cargo de empresas contratadas por el gobierno condal. Además, se reducirían viajes durante la madrugada y la noche en decenas de rutas que continuarían funcionando en otros horarios.
También se suprimirían los viajes antes de las 5:59 a. m. en decenas de recorridos y se reduciría el servicio nocturno. Los ajustes sumarían aproximadamente $31,5 millones.
“Los pasajeros están sorprendidos y no tienen idea de cómo llegarán al trabajo”, advirtió Richelle Vargas, de Transit Alliance, durante la primera audiencia presupuestaria. La organización solicita incorporar $12,4 millones para conservar los primeros autobuses de la mañana.
Cathy Dos Santos, directora ejecutiva del grupo, sostuvo que los recortes afectarían principalmente a trabajadores y comunidades negras, hispanas y de menores ingresos. Según explicó, esos recorridos cuestan alrededor de $6,30 por pasajero, por debajo del promedio nacional de aproximadamente ocho dólares.
Otra controversia surgió por la posibilidad de cobrar en el Metromover, actualmente gratuito. El comisionado René García argumentó que numerosos usuarios con capacidad económica reciben un servicio subsidiado, mientras residentes de otros sectores deben pagar autobús y Metrorail.
A su vez, la comisionada Vicki López respondió que el tren también transporta diariamente a trabajadores procedentes de todo el condado.
Defensa de la alcaldesa
Levine Cava sostiene que el presupuesto aumenta en $66 millones los recursos para transporte, conserva aproximadamente 91% de los viajes y protege MetroConnect y el servicio especializado para personas con discapacidades. También evita elevar las tarifas, el impuesto a la gasolina y la tasa operativa sobre la propiedad.
“Tenemos que repensar cómo funciona el gobierno, para hacer más con menos”, afirmó la alcaldesa durante una reunión comunitaria. La edil reconoció que las reducciones afectan a pasajeros, pero aseguró que se seleccionaron recorridos con menor utilización y dejó abierta la posibilidad de restaurar parte del servicio.
La administración condal identificó $42 millones en eficiencias, $79 millones en reducciones de costos y más de 400 plazas vacantes para eliminar. Sin embargo, utilizará $89 millones de una reserva creada para futuras expansiones ferroviarias con el objetivo de sostener las operaciones actuales.
Levine Cava también alertó que la eventual aprobación de la Enmienda 3 sobre impuestos inmobiliarios podría restar al fondo general $385,8 millones el primer año y casi $697 millones el siguiente, escenario que obligaría a considerar reducciones mucho más profundas.
Fuente: Daniel Castropé, Diario Las Américas
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