Miami, martes 23 de agosto de 2022 (Por Julio Villalonga *). El mediático y hasta a veces extravagante estilo del fiscal Diego Luciani está a tono, por algunos extremos, con la defensa político-jurídica que ensayó la vicepresidenta Cristina Kirchner, que denunció en su momento que la sentencia en su contra, en esta causa, ya estaba firmada de antemano. Ya que la justicia de los hombres no, “la historia me absolverá”.
El “lawfare” tiene dos puntos antagónicas: el que lo “practica” dispara contra el acusado con munición gruesa, para algunos porque no le alcanza para probar los delitos que le imputa; el que lo “sufre” usa todas las herramientas jurídicas para mejorar su situación mientras advierte de las razones “políticas” del sistema imperante para condenarlo. De un lado y otro de la grieta, necesitándose, vociferan argumentos en uno y otro sentido y tuercen procedimientos y normas. Lo que queda en pie es un remedo de justicia.
En esta causa el fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner por el direccionamiento durante más de una década de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, como muchas otras un coto de caza de sus gobernantes desde hace más de dos décadas. Y, lo más importante, la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Si puede ser difícil que se le pruebe la asociación ilícita -siempre ha sido difícil- la administración fraudulenta agravada, el otro delito que se le imputa, alcanzaría para llegar a una condena y a una inhabilitación de al menos dos años. Ese “objetivo de mínima” –que el fiscal rechaza- serviría para dejar fuera de carrera a la vicepresidenta. Para que perdiera los fueros debería llegarse a una condena firme ratificada por la Corte Suprema, con cuyos integrantes se ha enzarzado en una guerra personal. Ni a Carlos Menem le hicieron eso.
Los claros vínculos de Luciani con el macrismo y sus flamígeras intervenciones en el proceso oral fueron la fragua en la que el kirchnerismo duro fue recalentándose en un “in crescendo” que no tendrá su “clímax” mañana, martes, porque la Cámara Federal porteña le negó a CFK la posibilidad de expresarse. Pero sí en las semanas y meses siguientes. El “operativo Clamor” se puso en marcha hace unas semanas y no se detendrá.
De aquí en más se verá si el presunto intento de proscripción de Cristina es una profecía que se autocumple, una necesidad política o un escudo electoral para ella o, eventualmente, quienes la representen en las futuras batallas mediáticas y comiciales. O varias de esas cosas a la vez.
(*) Director de Gaceta Mercantil.
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