Redacción/ Miami.
El gobierno de Brasil, liderado por el conservador Michel Temer, tiene en estos momentos su primera prueba de fuego. La huelga general que se realizó ayer en todo el país, pone de manifiesto un hartazgo que no se disipó con el impeachment que apartó a la expresidenta brasileña, Dilma Rouseff, del cargo.
La huelga, convocada por los sindicatos de ese país, contó con el apoyo de la Iglesia y de organizaciones aliadas del presidente. Al respecto, Temer se juega su futuro a un programa de reformas en el gigante latinoamericano, que incluye un cambio en las leyes laborales y un recorte drástico en el sistema de pensiones.
Lo que valía en 2013 para el Gobierno de Rousseff, cuando se convocó otra huelga general, también vale ahora para el gobierno de Temer. El gran seguimiento que tuvo la huelga de ayer supone un examen decisivo que puede marcar el futuro de un presidente que en sus nueve meses en el cargo se ha enfrentado a una carrera de obstáculos de la que, por ahora, ha salido incinerado.
La última encuesta de opinión conocida esta semana, del instituto Ipsos, señala que apenas el 4% de los brasileños apoya al Gobierno de centro derecha que se presentaba como el salvador del país ante la crisis económica y las sospechas de corrupción que sacudían al izquierdista Partido de los Trabajadores después de 13 años en el poder.
Los datos económicos no han sido mucho mejores aunque la situación se ha ido recuperando y todas las previsiones indican que el PIB de Brasil crecerá levemente este año tras caer un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016. Pero la situación política ha seguido deteriorándose irremediablemente.
La reacción de Temer ha sido un intento de enterrar la corrupción acelerando un plan de reformas económicas que cuenta con el respaldo de los grandes sectores empresariales y de instituciones internacionales como el FMI.
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