Redacción/ Miami.
Andrés Manuel López Obrador ha tenido unos meses muy tranquilos hasta estar cerca de posicionarse como presidente de México. Desde que ganara las elecciones en el mes de junio, AMLO, que así es como se le ha llamado en la campaña electoral del país norteamericano, se ha beneficiado por una bendición por parte de los sectores empresariales, algo impensable con un candidato abiertamente de izquierda como él. Sin embargo, ya comienzan a aparecer las primeras tensiones con el empresariado nacional, a causa de su postura en relación al nuevo aeropuerto de Ciudad de México.
La situación es algo rocambolesca. El anterior gobierno inició las obras del nuevo aeropuerto de la capital mexicana en las cercanías del lago Texcoco. Según el todavía gobierno oficial de Enrique Peña Nieto, las obras de la nueva terminal están al 31% de su ejecución. Sin embargo, López Obrador batalló durante la campaña de forma frontal para acabar con esa ubicación y renovar el actual aeropuerto operativo, el Benito Juárez. Para López Obrador las nuevas obras eran innecesarias y demasiado costosas, además de afectar el entorno ambiental del lago Texcoco. Sin embargo, López Obrador reculó a medida que se acercaban los comicios y ya, cuando fue presidente electo, decidió realizar un referéndum en el que se preguntase a los mexicanos qué opción preferían: nuevo aeropuerto o renovación del actual.
Los empresarios no han recibido con entusiasmo que López Obrador todavía se cuestione la posibilidad de suspender unas obras ya avanzadas. Ha sido el Consejo Coordinador Empresarial el que ha dado un golpe encima de la mesa, el primero que recibe AMLO sin ser todavía oficialmente presidente de México. “Una decisión eminentemente técnica, como es la ubicación de un aeropuerto, no debe ser sometida a consulta ciudadana. La participación ciudadana es fundamental para un desarrollo democrático robusto, sin embargo, las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, quienes tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción”, ha explicado el organismo en una nota pública.
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