Redacción/ Miami.
El “dieselgate” que se produjo hace tan sólo unos años por el que la compañía automovilística alemana, Volkswagen, admitió que inventó un mecanismo por el cual los automóviles de su marca conseguían engañar los controles medioambientales de Estados Unidos, tendrá finalmente consecuencias penales para sus perpetradores.
Si al exejecutivo de la firma, Oliver Schmidt ya se le solicitó una pena de siete años de prisión y 400.000 dólares, una condena que sería la más alta en todo el caso, quien ha abierto la veda en la deliberación de la justicia ha sido el ingeniero James Liang, quien ha sido condenado a 40 meses de prisión y a abonar una multa de 200.000 dólares. El propio Liang ya se había declarado culpable de conspiración y fraude en el pasado año 2016, reconocimiento por el cual se enfrentó a una pena de cinco años y 250.000 dólares de multa. Finalmente, se quedó reducida, pero eso no impidió a Liang tener el dudoso honor de ser la primera persona condenada en el caso sobre un fraude que conmocionó de alguna forma el mercado automovilístico global. Desde entonces, las administraciones encargadas del control no han dejado de mejorar sus dispositivos de control para evitar una nueva estafa.
El delito al que se enfrentaba Liang era el de fraude al consumidor. Liang, de 63 años, natural de Indonesia, pasó más de tres décadas como ingeniero para la firma alemana. Fue uno de los ingenieros que desarrollaron, en Alemania, un dispositivo encaminado a eludir los controles medioambientales de Estados Unidos. Se trasladó a Estados Unidos en 2008, y realizó pruebas con el objetivo de ocultar el impacto de los dispositivos de desactivación ante las autoridades de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA). El coste para Volkswagen no será tan sólo de imagen ante el mundo: se calcula que todo el proceso le costará a la firma alemana unos 25.000 millones de dólares.
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