Redacción/ Miami.
La movilización que se ha producido en Estados Unidos contra la idea de Trump de incluir entre las personas con riesgo de ser deportadas a los 800.000 ciudadanos que llegaron a Estados Unidos cuando todavía no tenían la mayoría de edad y que, tras la ley DACA impulsada por Obama, pasaban a ser ciudadanos libres de riesgo de exclusión del país.
Sin embargo, varios estados se negaron a unirse al proyecto de Trump y comenzaron una campaña para evitar que el presidente pudiera llevar a cabo su decisión. Ahora, la justicia también comienza a posicionarse a favor de estos estados y un juez federal ha permitido a 16 Estados y el Distrito de Columbia demandar al Gobierno de Donald Trump para tratar de modificar su decisión de acabar con el programa DACA, que protege de la deportación a ese colectivo y que se ha convertido en un caballo de batalla de los grupos migratorios. Estos estados laboran en este sentido por una idea diferente de comunidad respecto a Trump y porque los inmigrantes suponen una mano de obra barata para sus intereses y para la creación y consolidación de empresas en sus territorios.
La batalla se produce ahora en el terreno de la justicia. El Departamento de Justicia estadounidense asegura que el recurso debe ser desestimado porque la ley impulsada por Obama, el programa DACA, es inconstitucional debido a que se aprobó en 2012 a golpe de decreto y porque el desmantelamiento del DACA iba a ser gradual. Sin embargo, Nicholas Garaufis, juez federal de Brooklyn, permitió el pasado jueves que el recurso siguiera adelante. El magistrado consideró válido el argumento de los Estados de que el fin del programa migratorio afectaría a empresas y universidades, y describió como “no persuasiva” la opinión del Gobierno de que la protección a los dreamers no puede revisarse legalmente.
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