Miami, martes 19 de enero de 2016 (Por Negocios Magazine). La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar un plan del presidente Barack Obama, por el cual unos 5 millones de inmigrantes podrían salir “de las sombras» y trabajar legalmente en el país.
Los magistrados dijeron hoy martes que sopesarán desechar sentencias de tribunales inferiores que bloquearon las acciones ejecutivas de Barack Obama en momentos en que se aviva una campaña presidencial ya cargada por el tema.
El caso probablemente sea analizado en abril y se anuncie una decisión a finales de junio, un mes antes de las convenciones de nominación presidencial de los partidos Demócrata y Republicano.
En la práctica, el decreto de Obama amplió una protección a jóvenes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años (dreamers) que carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 30 años al 1 de enero de 2010.
Y también protegió a padres indocumentados de ciudadanos y residentes permanentes que estaban en Estados Unidos antes del 1 de enero de 2010 y no tienen antecedentes penales.
Estos dos amparos, conocidos como DAPA y DACA, también conceden permisos de trabajo renovables cada tres años.
Este decreto quedó en suspenso el 16 de febrero de 2015, cuando una medida cautelar de un juez de Texas detuvo el programa tras una demanda presentada por un grupo de 26 estados liderados por Texas.
Tras una serie de fallos jurídicos, en noviembre el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans decidió –en una decisión 2 contra 1- mantener el bloqueo fijado por el juez de Texas.
Los inmigrantes que se beneficiarían con el plan del gobierno son principalmente los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes con permanencia legal.
El gobierno de Texas lidera a 26 estados que han impugnado el plan de inmigración de Obama. Los 26 estados (24 gobernados por republicanos) argumentan que Obama fue más allá de sus funciones como presidente con su acción ejecutiva, una de las cerca de 220 que ha emitido durante su Gobierno. También alegan que la medida viola la Constitución.
Fuente: Internet, agencias y Negocios Magazine.