Es esencial que el ecosistema de las monedas estables no quede bajo el control exclusivo de un solo regulador.
Mucho antes de Bitcoin, Ethereum o DAO, la industria bancaria estadounidense tenía su propia forma de gobernanza descentralizada: el sistema bancario dual. Bajo este sistema, los bancos pueden ser autorizados y, con algunas salvedades importantes, supervisados a nivel estatal o federal.
Cuando las senadoras estadounidenses Cynthia Lummis y Kirsten Gillibrand presentaron su proyecto de ley de regulación de las monedas estables el 17 de abril pasado, los legisladores enfatizaron que el proyecto de ley busca “preservar nuestro sistema bancario dual”. Pero si bien los senadores merecen crédito por perseguir este objetivo, el proyecto de ley de la moneda estable Lummis-Gillibrand se queda corto al subordinar la regulación estatal al control federal.
Para apoyar la competencia sana entre las instituciones financieras y los reguladores que representa el sistema bancario dual, la legislación sobre monedas estables debe proporcionar un camino estatal de buena fe libre de límites arbitrarios y controles federales.
Ley de monedas estables
Si bien el proyecto de ley de monedas estables Lummis-Gillibrand técnicamente permite la existencia de emisores de monedas estables autorizados por el estado, los sobrecarga con demasiadas restricciones. El más obvio es un límite a las compañías fiduciarias estatales no depositarias (entidades no bancarias) que emiten monedas estables, limitándolas a $10 mil millones en monedas estables en circulación.
Los emisores autorizados por el estado que busquen evitar estos límites deben registrarse tanto como instituciones depositarias estatales o federales, como emisores nacionales de monedas estables, requiriendo una mayoría de votos de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Junta de la Reserva Federal) para operar. Sin embargo, estar autorizados por el estado no exime a los emisores de la supervisión y licencia federal.
Esto sometería a los emisores de monedas estables autorizados por el estado a requisitos de solicitud emitidos por la Junta de la Reserva Federal, que incorporarían estándares vagos con respecto al “beneficio para el público” de la moneda estable y su papel en la “estabilidad del sistema financiero de los Estados Unidos”.
Esto otorgaría a la Junta de la Reserva Federal el poder de decidir qué bancos pueden emitir monedas estables y excluir a los emisores no bancarios de competir con ellos, creando un tratamiento de segunda clase para los emisores de fideicomisos estatales y entrando en conflicto con el sistema bancario dual. Tales limitaciones propuestas a los emisores de monedas estables autorizados por el estado los someten a un tratamiento de segunda clase.
Por ejemplo, si bien el límite de $10 mil millones para las monedas estables en circulación de un fideicomiso estatal puede parecer amplio, la importancia del tamaño de la red de usuarios y la liquidez son fundamentales para el éxito de una moneda estable. Esto colocaría a los emisores de fideicomisos estatales en una posición inherentemente desfavorable. Además, otorgar a la Junta de la Reserva Federal el poder de veto final sobre una licencia para operar un negocio de monedas estables está en desacuerdo con el papel de los estatutos estatales en el sistema bancario dual.
Sistema bancario dual
En palabras del experto en derecho bancario Arthur E. Wilmarth, Jr., el sistema bancario dual generalmente proporciona “una ‘válvula de seguridad’” para que el sistema de pagos “escapa de regulaciones arbitrarias, inflexibles u obsoletas”.
Esta válvula de seguridad implica competencia tanto horizontal (estatal contra estatal) como vertical (estatal contra federal) entre reguladores. Diversas jurisdicciones pueden desempeñar el papel de laboratorios de innovación, mejorando los marcos para respaldar las nuevas tecnologías y los beneficios para los consumidores, compitiendo para atraer nuevas empresas e incluso residentes.
Es esencial que el ecosistema de las monedas estables no quede bajo el control exclusivo de un solo regulador. El retraso del gobierno federal en proporcionar directrices para los emisores de monedas estables ha llevado a estados como Nueva York y Wyoming a intervenir. Esto podría resultar en un papel secundario para estos estados si se aprueba un proyecto de ley que centralice el control regulador a nivel federal.
Además, evitar la supresión federal de licencias para las monedas estables es crucial, especialmente porque la Reserva Federal ya tiene un conflicto de intereses como proveedor de herramientas de pago. En este contexto, es alentador ver iniciativas como el proyecto de ley Lummis-Gillibrand, que busca romper la inmovilidad en la política criptográfica a nivel federal. Sin embargo, para garantizar que las monedas estables ofrezcan una verdadera competencia en los pagos, la legislación debe permitir que los emisores autorizados por los estados compitan en igualdad de condiciones.
*Cato Institute
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