Miami, FL, lunes 28 de septiembre de 2026. Una nueva ley de Florida que entra en vigor el 1 de octubre de 2026 introduce importantes consecuencias para quienes obtengan una vivienda alquilada utilizando identidades o documentos fraudulentos, al tiempo que proporciona a propietarios y administradores de propiedades una nueva herramienta para terminar determinados contratos de alquiler.
La medida, HB 1293, conocida como “Fraudulent Entry of Residential Dwellings”, fue aprobada por la Legislatura de Florida y se convirtió en el Chapter 2026-143 de las leyes estatales. La iniciativa recibió apoyo unánime: 110-0 en la Cámara de Representantes y 34-0 en el Senado.
La legislación establece que una persona no puede ingresar y tomar posesión de una vivienda residencial alquilada proporcionando deliberadamente información materialmente falsa sobre su identidad en una solicitud de alquiler.
La prohibición incluye también presentar al propietario documentos falsificados, ficticios o fraudulentos. La propia legislación menciona, entre otros ejemplos, licencias de conducir, documentos de identificación, estados de cuenta bancarios y comprobantes de pago o paystubs. También queda contemplado hacerse pasar por otra persona para presentar una solicitud, firmar el contrato o tomar posesión de la vivienda.
DE PROBLEMA CIVIL A POSIBLE DELITO GRAVE
Una de las principales novedades es la consecuencia penal.
A partir del 1 de octubre, quien incurra deliberadamente en las conductas definidas por la nueva legislación y tome posesión de la vivienda puede cometer el delito de “fraudulent entry of a residential dwelling unit”, clasificado como un felony de tercer grado en Florida.
La ley también modifica las reglas entre propietarios e inquilinos.
Cuando la posesión de una vivienda haya sido obtenida mediante este tipo de fraude, la conducta se considera una violación que no tiene que ofrecer al inquilino la oportunidad habitual de corregirla antes de que el propietario pueda terminar el contrato.
El propietario puede entregar una notificación de terminación y el ocupante tendrá siete días para abandonar la propiedad. La legislación establece además que esta disposición puede utilizarse independientemente de que ya se haya iniciado un procedimiento penal.
Esto no significa, sin embargo, que un propietario pueda retirar inmediatamente a una persona de la vivienda por su cuenta. La nueva norma incorpora estas situaciones al procedimiento legal existente de terminación y desalojo.
IMPACTO PARA EL NEGOCIO DE ALQUILERES
La medida es especialmente relevante para propietarios, inversionistas inmobiliarios, compañías de property management y operadores de comunidades residenciales.
Florida posee un enorme mercado de viviendas en alquiler y la digitalización de las solicitudes ha permitido agilizar las aprobaciones, pero también ha aumentado la importancia de verificar adecuadamente identidad, ingresos y documentación financiera de los solicitantes.
La nueva legislación convierte esa verificación en un asunto todavía más relevante.
Para las empresas dedicadas a administrar propiedades, el cambio puede impulsar procedimientos más estrictos para comprobar identificaciones, estados bancarios y comprobantes de ingresos antes de entregar las llaves de una vivienda.
Para los inquilinos legítimos, en cambio, la ley no modifica las obligaciones normales de quienes presentan información verdadera.
Tampoco cambia el plazo general relacionado con la falta de pago del alquiler. Bajo la legislación vigente de Florida, cuando un inquilino no paga la renta, el procedimiento contempla una notificación de tres días —excluyendo sábados, domingos y feriados judiciales— para pagar la cantidad adeudada o entregar la posesión de la propiedad.
Por eso es importante distinguir ambas situaciones.
La nueva ley no representa una reforma general de los derechos de todos los inquilinos de Florida. Su objetivo específico es combatir el fraude utilizado para obtener la posesión de propiedades residenciales.
A partir del 1 de octubre, presentar intencionalmente una identidad falsa, documentos financieros fraudulentos o hacerse pasar por otra persona para conseguir una vivienda puede tener consecuencias que van mucho más allá de perder el contrato de alquiler: puede convertirse también en un caso penal.
Para propietarios y administradores de propiedades en Florida, el mensaje también es claro: verificar correctamente quién solicita y ocupa una vivienda será cada vez más importante dentro del negocio inmobiliario.
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